COLOMBIA
2004/03/1
La adquisición de 40 tanques franceses AMX-30 por parte del gobierno colombiano a España, abrió el debate sobre la verdadera utilidad que se les daría a esos carros de combate, de la década de 1970. Ante insistentes versiones sobre la apertura de una carrera armamentista con Venezuela, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Alberto Uribe, aclaró que la destinación de los tanques sería para efectos netamente internos: "la lucha contra el terrorismo". Para el general del Ejército en retiro Juan Salcedo Lora, las Fuerzas Militares han venido llenando unos vacíos que antes tenían y considera la compra de los tanques AMX-30 a España es una acertada decisión. Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa también catalogan como prioritario el cambio del armamento de caballería, compuesto por tanques, vehículos de asalto y de transporte de tropa, la mayoría de tecnología brasilera como los tanques Cascabel.
Un estudio financiado por la fundación Antonio Restrepo Barco, que mide el impacto económico de la guerra sobre la niñez indica que niños víctimas del conflicto armado difícilmente se reintegran a la vida productiva. La investigación, denominada 'El conflicto armado y los derechos fundamentales de la niñez en Colombia', muestra que los niños afectados no se reponen, no solo por la incapacidad física sino por la carga sicológica: la negación a renunciar a partes de su cuerpo, la sensación de inutilidad, el replanteamiento de sus sueños y el rechazo a la lástima de terceros. En Colombia, entre el 2000 y el 2003, por la acción de minas antipersonales y municiones abandonadas sin explotar, hubo 214 víctimas menores de 18 años. El Observatorio de Minas Antipersonal de la Presidencia reportó que 42 niños murieron y 172 quedaron heridos. El estudio muestra además que los secuestros, el reclutamiento forzado y los desplazamientos son muy ofensivos. Según la investigación, el conflicto armado hace que el niño pierda como referente de su desarrollo a la escuela. También registra que el Ministerio Público calcula que el 4.65 % de los niños reclutados a la fuerza nunca ingresaron al sistema educativo y que cuando ya están en las filas de los irregulares -hay entre 11.000 y 14.000- jamás pisan un aula como estudiantes.
Un proyecto de ley, radicado por el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, establece en su artículo 15 que "toda persona que habite en el territorio nacional está obligada a empadronarse mediante declaración hecha ante un notario o su delegado, en el municipio donde resida habitualmente. Cualquier variación en el lugar de residencia y en el estado civil de las personas empadronadas, deberá ser igualmente inscrita en forma oportuna". La propuesta del Gobierno implicaría que si una persona decide establecer su residencia en otra ciudad, o quiere casarse o decide separarse deberá informarlo ante el notario. De lo contrario, sugiere el mismo proyecto, no tendrá un certificado especial que será exigido "para la realización de todo trámite ante la administración pública". Los extranjeros que habiten en Colombia obtendrán dicho certificado a través de un correo electrónico que les será asignado. La información que se consigne será de carácter confidencial y las autoridades podrán verificar la veracidad de los datos. Según el Ministro de Defensa, la información del empadronamiento no solo servirá para prevenir casos de terrorismo, sino para perfeccionar el censo electoral y la cifra del número de habitantes del país.
En el informe anual sobre la lucha contra la droga en el mundo, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, consta que durante el 2003 Colombia batió marcas en lucha antidroga. Según el Reporte sobre Control y Estrategia Internacional de Narcóticos, a lo largo del año se erradicaron cerca de 125 mil hectáreas frente a las 122 mil que se destruyeron durante el 2002. Aunque no han sido reveladas las cifras de cuánto ha disminuido la cantidad de coca cultivada, fuentes del Departamento de Estado y del gobierno colombiano aseguran que cuando la CIA y la ONU den a conocer sus mediciones se demostrará, por segundo año consecutivo, una significativa reducción de los cultivos ilícitos en el país. En el caso de la amapola, contando también las erradicadas manualmente, se eliminaron 3.830 hectáreas, comparado con las 3.300 del 2002. Por el lado de los decomisos de droga también hubo noticias positivas. En el año se confiscaron 259,1 toneladas métricas entre coca y pasta de coca. Casi 40 toneladas más de coca que la interceptada en el 2002.
ONG estadounidenses, entre ellas el Latin American Working Group (LAWG), criticaron los resultados del reporte del Departamento de Estado pues a su juicio, y pese a los avances, no se ha logrado el principal cometido: reducir la oferta de drogas en Estados Unidos. Esta ONG, junto con la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), publican un informe en el que sostiene que el énfasis que se hace en la reducción de cultivos a corto plazo "enmascara" las tendencias que se ven al largo plazo.
2004/03/2
El gobierno está dispuesto a modificar partes de reforma a la justicia que no gusten a las cortes. Así lo anunció el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. "Vamos a construir consensos con todo el mundo y acordamos con los magistrados unos mecanismos para un diálogo directo", explicó Pretelt a los periodistas al salir de una reunión con los nueve magistrados de la Corte Constitucional. El ministro afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a retirar de la propuesta el artículo que crea la Emergencia Judicial, un estado de excepción para enfrentar los graves problemas de congestión que tiene la justicia. Sobre la tutela, Pretelt indicó que el Gobierno le presentó al alto tribunal una serie de argumentos para su reforma pero advirtió que ese mecanismo es un patrimonio nacional y el Ejecutivo la va a defender "contra viento y marea". Por su parte la presidenta de la Corte Constitucional, Clara Inés Vargas, destacó que el ministro fue muy receptivo de las sugerencias y propuestas que le hicieron los nueve magistrados. La magistrada aseguró que sobre las reformas que se le quieren introducir a las facultades de la Corte "hay todavía una posibilidad de diálogo y así se lo hicimos saber al ministro".
La propuesta de que los militares colombianos ejerzan el derecho a votar, como cualquier ciudadano, revivió en el Congreso de la República, un debate que ya parece tener bancadas propias. La iniciativa, que plantea una reforma constitucional, fue presentada, entre otros parlamentarios, por el representante a la Cámara y general retirado del Ejército, Jaime Ernesto Canal y el parlamentario Armando Benedetti. Benedetti declaró que "los militares tienen preferencias y las expresan en privado", por lo que "ya es hora de acabar con la hipocresía". Sin embargo, el general Canal dijo que "no se trata de politizar a las Fuerzas Armadas". Wilson Borja, de la coalición de izquierda del proyecto de Alternativa Democrática, sostuvo que "los militares ya le imponen su criterio al Gobierno" y acusó a los promotores de "estar haciendo cuentas electorales", con los votos de los uniformados. Al terciar en el debate, el liberal Carlos Arturo Piedrahíta calificó de "curioso" que se proponga la reforma cuando precisamente se habla de modificar la Constitución Nacional para permitir la reelección de Uribe, cuyo mandato de cuatro años termina en agosto del 2006.
La población colombiana afrodescendiente será censada con el propósito de diseñar políticas públicas que impulsen el desarrollo de este grupo humano, tradicionalmente vulnerable y excluido. Así lo acordó la senadora Piedad Córdoba en sus reuniones con los representantes de las negritudes en el Congreso de Estados Unidos, en el marco de la Semana Afrocolombiana, que terminó el domingo en Washington. Adicionalmente, se programaron dos reuniones que pretenden fijar una guía para la consecución de mejores oportunidades a la población negra del país.
2004/03/3
La extradición de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela empezó a hacer trámite en la Corte Suprema de Justicia. Ese tribunal comenzó a evaluar la solicitud de la Corte del Distrito Sur de la Florida para que los jefes del cartel de Cali comparezcan por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y obstaculización de la justicia. El soporte de la solicitud, que fue puesta a consideración de los magistrados de la Sala Penal del máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, incluye una declaración del agente federal de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos Edward Kacerosky. La Corte, que no tiene un límite de tiempo definido para pronunciarse, examinará asuntos meramente procedimentales. Según la acusación, los jefes del cartel de Cali continuaron delinquiendo desde la cárcel con la ayuda de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, quien habría asumido el control del negocio y el manejo de los activos producto del narcotráfico.
Con un texto que causó polémica, en especial por el tema del empadronamiento general de la población, el Gobierno presentó ante la Secretaría del Senado de la República, el proyecto de Ley Estatutaria que reglamentará el Acto Legislativo 02 del 2003, conocido como estatuto antiterrorista, una de las cartas para el control del orden público en el país. El proyecto, que contiene 24 artículos divididos en tres secciones, y modifica los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución, se ampara en la política de seguridad democrática que busca combatir seis amenazas: terrorismo, narcotráfico, finanzas ilícitas, tráfico de armas, municiones y explosivos, secuestro y extorsión y homicidio. El hecho de que todo el país deba ser empadronado causó preocupación, pues podrían vulnerarse derechos ciudadanos de las personas. Algunos congresistas lo ven como jurídica y técnicamente imposible, pues se trataría de una segunda cedulación, que podría prestarse a casos de corrupción, suplantación y falsificación. Este punto podría ponerle trabas a la discusión del proyecto en el Congreso.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, no descarta que las Farc pretendan secuestrar en los próximos días a varios congresistas, tal y como lo denunció un grupo de legisladores. De acuerdo con la denuncia, que fue planteada por los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores durante una reunión con el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, existen indicios de que la guerrilla estaría planeando el plagio de varios congresistas para presionar la realización del llamado 'acuerdo humanitario'. Según el senador Jaime Dusán, existe el "rumor de que las FARC van a aumentar la cifra de personas retenidas, para presionar con mayor fuerza el intercambio humanitario en Colombia". Durante la misma reunión, los miembros de la Comisión II aceptaron los argumentos del Gobierno Nacional para comprar armamento a España, luego de que el Ministro de Defensa explicara en detalle la adquisición.
El fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, aceptó que existen preocupaciones del gobierno estadounidense sobre la posibilidad de que haya corrupción de funcionarios de su despacho y nexos de los mismos con grupos al margen de la ley y los narcotraficantes. Osorio, quien se encuentra de visita en Estados Unidos, aclaró que este país no ha ejercido presión oficial para revisar el actuar de la fiscalía, como se denunció en medios de comunicación colombianos. El funcionario viajó a la capital norteamericana para asistir a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aprovechó su estadía para entrevistarse con funcionarios del departamento de Estado y de Justicia. Fruto de sus encuentros, el Fiscal dio a conocer la firma de un convenio con el departamento de Justicia para el desembolso de cinco millones de dólares que se usarán para impulsar reformas a la justicia en Colombia. Al respecto, dijo que el acuerdo de cooperación se suscribirá, de manera oficial, en Bogotá la próxima semana, durante la visita de la fiscal adjunta estadounidense Mary Lee Warren. Y aclaró que no se le han notificado condicionamientos de ninguna clase sobre el uso de los dineros.
2003/03/4
Un grupo de organizaciones sociales, de paz, derechos humanos, medio ambiente, indígenas, desplazados, mujeres, campesinos y sindicalistas presentará la demanda de constitucionalidad contra el acto legislativo 02 de 1993, que reformó los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política. La reforma permite los allanamientos y capturas por sospecha, las interceptaciones sin orden judicial, amplía los plazos para que una persona capturada sea puesta a órdenes de una autoridad judicial, abre las puertas para los registros domiciliarios obligatorios y le otorga facultades de policía judicial a los miembros de la Fuerza Pública. Para los demandantes, la reforma constitucional deroga elementos esenciales del estado social de derecho, como la separación de poderes o la prohibición de que los militares investiguen a personas civiles. La demanda también plantea que la reforma constitucional fue aprobada con vicios de procedimiento, lo cual, según afirman, será demostrado con "la presentación de videos y grabaciones de las correspondientes sesiones en el Congreso".
Luego del escándalo desatado esta semana por las denuncias de acoso sexual en su contra, el director nacional de fiscalías, Carlos Hernando Arias Pineda, renunció a su cargo en el ente acusador. Las fuentes precisaron que el fiscal general Luis Camilo Osorio aceptó la renuncia presentada por el jefe de fiscalías. Arias Pineda, que fue nombrado por Osorio, también está acusado de "tráfico de influencias". El funcionario, según consta en una nota que da cuenta de la investigación penal abierta en su contra, acosaba constantemente a una funcionaria "con palabras e invitaciones". Ella, al no aceptar las insinuaciones del funcionario, fue trasladada de Bogotá al departamento de Antioquia.
Si no hay un viraje en las negociaciones del Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es posible que el proceso no pueda avanzar. Así lo aseguró el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, quien reconoció que si bien el proceso de paz que se realiza con ese grupo armado al margen de la ley "no está estancado", sí atraviesa por su momento más crítico. Las decisiones deberán dirigirse a la concentración inmediata de los hombres de las Auc, la verificación del cese de hostilidades y la búsqueda de una mesa única de negociación con las autodefensas, advirtió. El Alto Comisionado de Paz precisó que el eje central de esas decisiones "será la concentración de los miembros de las autodefensas en zonas plenamente delimitadas y bajo control del Estado". Restrepo también había reconocido hace dos semanas que lograr una mesa unificada de las autodefensas era el mayor obstáculos. Por ahora, el Gobierno estudia y explora las posibilidades para la creación de las zonas de concentración, tema que se maneja con absoluta reserva al interior de la Oficina del Alto Comisionado.
Tras intensas labores investigativas de agentes de la Policía en el municipio de Urabá (Antioquia), fue capturado John Esnéider Arenas López, alias "Fernando", quien está sindicado de ser el jefe político de las llamadas AUC que operan en esa región del país. Según las autoridades, Arenas López además está sindicado de extorsionar a varios comerciantes del municipio de Apartadó (Antioquia).
Un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo de la Fiscalía acusó a 'Simón Trinidad' por el tráfico de 10.000 fusiles rusos, presuntamente negociados en Perú en el año 2000. La operación para negociar 50.000 fusiles de asalto rusos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocida como "Siberia", fue gestionada supuestamente por el ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos. De esos fusiles, aparentemente procedentes de Jordania, 10.000 fueron lanzados en las selvas colombianas en paracaídas desde aeronaves. De acuerdo con La Fiscalía 'Trinidad' fue quien negoció las armas por 22 millones de dólares. El líder insurgente "fue escuchado en indagatoria en las últimas horas (...) y dentro de los términos establecidos por la ley se le resolverá su situación jurídica", preciso la Fiscalía.
Colombia erradicó 139.000 hectáreas de coca y de amapola en el 2003, además de destruir en el mismo año 1.458 laboratorios de pasta básica de coca y de cocaína. El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, precisó que, de ese total, 136.000 hectáreas estaban sembradas con matas de coca, de las cuales 132.000 fueron fumigadas con el herbicida glifosato y 4.000 erradicadas manualmente. Las otras 3.000 hectáreas eran de plantaciones de amapolas que fueron destruidas con el mismo método de aspersión aérea de esa sustancia, agregó Pretelt de la Vega, que intervino en la presentación de la parte colombiana del informe de 2003 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). El representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), el italiano Sandro Calvani, encabezó la divulgación del documento de ese órgano autónomo de la ONU, que recoge el avance -en este caso cifras de 2002- de los países en el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre el problema de las drogas.
El Gobierno Nacional anunció que revisará una polémica propuesta de empadronamiento obligatorio de la población colombiana, contenida en el proyecto legislativo que regula la nueva ley antiterrorista aprobada por el Congreso de la República el año pasado. Congresistas de distintos partidos, incluso oficialistas, criticaron el proyecto y anunciaron que no lo respaldarían, por considerar que viola derechos constitucionales como el de libre locomoción. "Hubo un error en el texto final y será corregido", señaló el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, al anunciar que se modificará el proyecto de ley que busca reglamentar el llamado 'estatuto antiterrorista'.
Un total de 324 extranjeros han sido secuestrados en Colombia desde 1996. De ellos, 16 fueron asesinados por sus captores o en operaciones de rescate, indica un informe del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (FONDELIBERTAD), dependiente del Ministerio de Defensa. Distintas autoridades atribuyen la mayoría de los casos a las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), delincuentes comunes y paramilitares de la extrema derecha, asociados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). "Los venezolanos, con 35 secuestros, y los norteamericanos con 31, ocupan los dos primeros lugares en índices de secuestros de extranjeros en Colombia", precisa FONDELIBERTAD. En los últimos tres años, la cifra de extranjeros secuestrados llega a 110. Según el Ejército, de los 16 extranjeros asesinados, seis eran estadounidenses.
El Gobierno Nacional entregó ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición a Estados Unidos de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, acusados del envío de varios cargamentos de cocaína a ese país, revelaron fuentes oficiales. Dos estudios jurídicos fueron enviados por el Ejecutivo al alto tribunal, que deberá analizar si se concede la extradición de los Rodríguez Orejuela, detenidos en dos cárceles del país desde 1995, cuando fueron capturados por la Policía en la ciudad de Cali. En los expedientes figuran testimonios de agentes de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) que implican a los Rodríguez Orejuela en el envío de cargamentos de cocaína hacia EEUU desde las prisiones, indicaron las fuentes.
2004/03/5
Más de veinte organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron el proyecto legislativo presentado por el Gobierno para reglamentar las Ley Antiterrorista, por considerarlo contrario a la Constitución colombiana. La demanda fue instaurada este jueves ante la Corte Constitucional por las ONG de asuntos sindicales, campesinos, femeninos, medio ambiente y derechos humanos. Los demandantes afirmaron que la propuesta entregada al Congreso el pasado lunes por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, es inconstitucional, ya que "desconoce el estado de derecho, deroga normas reconocidas en tratados internacionales de derechos humanos y vulnera aspectos fundamentales de la Constitución Política". El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, uno de los demandantes, declaró a los periodistas que "el proyecto atenta contra las libertades de la personas so pretexto de combatir el terrorismo".
Al dar a conocer el informe del Gobierno, sobre violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante el 2003, el vicepresidente Francisco Santos Calderón, insistió en que el Ejecutivo "se ha esforzado por realizar un seguimiento sistemático de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y estudiar su cumplimiento". No obstante, advirtió que, pese a las críticas que a nivel internacional ha despertado el estatuto antiterrorista, las facultades de policía judicial aprobadas para los miembros de las Fuerzas Militares, estas seguirán vigentes. Aunque aseguró que, buena parte de las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional hacen parte de la política gubernamental de derechos humanos. Para Santos Calderón, una prueba de la inclusión de las recomendaciones de la comunidad internacional y de los "resultados conseguidos a través de la Política de Seguridad Democrática", es la reducción de las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el informe, en el 2003 se registraron 5.800 homicidios menos respecto a 2002. También se redujeron los índices de desplazamiento en 52%, las masacres en 33%, los secuestros en 26% y los ataques a poblaciones en 84%.
Un proyecto de ley que busca evitar la confrontación entre las altas cortes en materia de aplicación del derecho y darle seguridad jurídica al país, fue radicado en la Cámara de Representantes por el congresista Ómar Flórez Vélez. La iniciativa modifica el artículo 63 del Reglamento del Congreso, creando la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia de Jurisprudencia Nacional, la cual tendría el encargo específico de observar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Dicha comisión de vigilancia, sin necesidad de tocar las funciones que le corresponda a cada uno de los altos tribunales, haría un seguimiento por parte del Legislativo a la jurisprudencia que genere malestar en su aplicación y propondría alternativas legislativas para dirimir los conflictos que se presenten. También revisaría las sentencias de la Corte Constitucional que declaren inexequibles algunas leyes mediante acción pública establecida en el artículo 241 de la Constitución Nacional.
El Juzgado Único Penal del Circuito de Valledupar condenó a 81 meses de prisión por el delito de rebelión al jefe de las Farc Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', pero lo exoneró del asesinato del teniente de fragata Álvaro Morris Piedrahíta. Además de este proceso, el Juzgado Único Penal del Circuito de Valledupar adelanta un proceso contra Simón Trinidad por el secuestro del saliente alcalde de la ciudad, Elías Ochoa Daza, y de su hermano Eliécer. Este lunes, en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo la primera audiencia virtual por este caso.
2004/03/6
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quedaron a la espera de una respuesta del Gobierno frente al tema de la concentración de tropas, uno de los obstáculos que impide el avance de los acercamientos que este grupo adelanta desde diciembre del 2002. Salvatore Mancuso, miembro del estado mayor de esa agrupación ilegal, dijo que luego de la reunión con el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en Santafe de Ralito (Córdoba), le pidieron al presidente Álvaro Uribe definir el tema de la seguridad para las zonas que los paramilitares dejen libres, en caso decidir una concentración de sus hombres. Según el líder paramilitar, las AUC le extendieron una invitación a Uribe para que se reúna con el estado mayor de la agrupación y pueden encontrar una solución a los escollos por los que pasa el proceso de conversaciones. Ratificó la voluntad de las AUC para concentrar sus tropas, siempre y cuando el Gobierno garantice la seguridad de las poblaciones donde se encuentran. Sin embargo, Mancuso reconoció que el proceso de paz entre las autodefensas y el Gobierno "pende de un hilo".
Por las supuestas recomendaciones hechas al entonces contralor General de la República, Carlos Ossa Escobar, 116 congresistas serán investigados de manera preliminar por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según la decisión proferida por el tribunal de la justicia ordinaria, los representantes a la Cámara y los senadores tendrán que rendir versión libre en los próximos días. Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación había impuesto el pasado 30 de enero una sanción económica a 31 congresistas y ex congresistas de la República. En la misma decisión el Ministerio Público absolvió a 85 parlamentarios. La investigación adelantada por el despacho del viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, demostró que los parlamentarios sancionados formularon directamente ante los entonces contralor Carlos Ossa Escobar, vicecontralor, José Félix Lafaurie y el secretario administrativo, Mauricio Casas Franco, las recomendaciones de sus candidatos para remplazar al contralor y a otros funcionarios de la entidad.
En medio de críticas al Gobierno y las autodefensas por la manera como adelantan el proceso de reincorporación a la vida civil de estos grupos, así como de propuestas para sacarlo adelante, se desarrolló en Medellín la tercera audiencia descentralizada sobre el proyecto de ley de alternatividad penal. En el evento, convocado por las comisiones primeras de Senado y Cámara, el congresista Carlos Moreno De Caro aseguró que "este proceso es una de las tantas farsas a que nos tiene acostumbrados la clase política del país" y criticó la labor del alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. La representante por Antioquia Rocío Arias señaló que "la mayor piedra en el zapato la pone el Gobierno con la exigencia de unas zonas de concentración a las autodefensas, sin que el proceso haya madurado". Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Alonso Salazar, dijo que "un proceso de paz no puede invisibilizar a las víctimas", e hizo un llamado para que el proceso tenga una "dosis de perdón" y "una dosis de reparación".
El comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, denunció que mientras en el 2003 murieron en combate con las tropas oficiales cinco menores de edad, en lo que va del año esa cifra aumentó a 44. "Estos niños son obligados a enfrentar a nuestros hombres y algunos han muerto en esos combates. De ellos 19 pertenecían a las FARC, 5 al ELN, 11 a las AUC y 9 a la delincuencia común", observó el general Ospina Ovalle. El oficial advirtió de la participación directa de niños pertenecientes a las FARC, el ELN y las autodefensas en secuestros, extorsiones, ataques a poblaciones e instalación de explosivos, entre otros delitos. De igual forma, precisó que estos pequeños son víctimas de abuso sexual, explotación laboral y en el peor de los casos de fusilamientos. Según el comandante del Ejército, desde agosto del 2002 hasta febrero del 2004, 800 menores se acogieron al programa de desmovilización del Gobierno nacional.
2004/03/8
El Bloque Central Bolívar (BCB) de los paramilitares prometió retirar 1.500 hombres de Barrancabermeja. En un comunicado señala que a partir del próximo domingo, 14 de marzo, saldrán del puerto y de otros municipios del Magdalena Medio. A través de Internet, esta facción de las Autodefensas Unidas de Colombia aseguró, además, que no comparte la visión del Gobierno acerca de que las negociaciones pasen por un momento crítico. Los comandantes del BCB, asimismo, ordenan a todos los frentes de guerra del Bloque planear y ejecutar una operación progresiva de repliegue estratégico, orientado fundamentalmente a evadir confrontaciones armadas con la guerrilla. A primera hora del domingo, 172 paramilitares desalojarán el puerto sobre el río Magdalena. De igual modo, otros 615 paramilitares abandonarán los municipios bolivarenses de Santa Rosa del Sur y Simití y las poblaciones de Monterrey, Santa Lucía y San Blas del sur de ese departamento. Y en Antioquia, otros 182 paramilitares se retirarán del municipio de Puerto Berrío y 535 lo harán de la zona de Segovia y sus alrededores.
El presidente de la República, Álvaro Uribe, advirtió que los acuerdos que se pacten dentro de las negociaciones de paz que adelanta su Gobierno con los grupos paramilitares deberán ajustarse al ordenamiento jurídico. De esa manera el Jefe de Estado respondió a la propuesta de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de que la no extradición a los Estados Unidos de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso debe hacer parte de los acuerdos de paz. "Este es un país que tiene una normatividad, unas instituciones, los gobiernos aquí no se pueden mover a su amaño. Cada paso que den los gobernantes tiene que respetar el marco jurídico", dijo Uribe al ser consultado sobre el particular. Entre tanto el Mandatario reiteró su confianza en Restrepo como interlocutor ante las AUC de quien dijo es garantía para el manejo transparente de las negociaciones. El Presidente de la República no descartó de plano la posibilidad de que en algún momento de las negociaciones pueda reunirse con los cabecillas de esa organización, tal y como éstos lo requirieron en un documento publicado el sábado.
Para conseguir la liberación de personas que las FARC mantiene en su poder, la Comisión Facilitadora de la Iglesia propone a ese grupo subversivo un acuerdo sin despeje militar y con retorno de guerrilleros a sitios de origen. El último borrador de la propuesta elaborado por monseñor Luis Augusto Castro, obispo de Tunja, y el padre Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, cambia la figura de zonas desmilitarizadas por "un cese temporal de operaciones militares ofensivas en lugares precisos, previamente acordados". El borrador número cinco define que para que ese cese de operaciones militares brinde las garantías de seguridad necesarias será debidamente supervisado por organismos nacionales o internacionales. Así mismo, el documento es explícito en señalar que ese procedimiento "no hace referencia a "despejes" o "zonas desmilitarizadas".
Unos 144 activistas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidieron acciones drásticas contra Colombia y en una de sus resoluciones condenaron sin reservas en todas las instancias internacionales y regionales "la actitud del gobierno de Colombia en materia de derechos humanos". El Congreso, que finalizó el sábado en Quito (Ecuador), también pidió al Presidente Álvaro Uribe que resuelva pacíficamente el conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Una síntesis de las conclusiones del foro, plantea la necesidad de profundizar y fortalecer la democracia en América Latina, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo con equidad de todos los países del mundo.
2004/03/9
El jefe de las FARC, 'Raúl Reyes', no acepta la propuesta de Francia para recibir guerrilleros canjeados. En entrevista con la AFP, además, confirmó la compra de 10.000 fusiles en 1999, aunque no la participación del ex asesor peruano Vladimiro Montesinos. Igualmente, admitió que los avances en el tema del acuerdo humanitario son mínimos y aseguró que la salud del máximo jefe de las FARC, 'Manuel Marulanda', es buena. El considerado número dos de las FARC valoró la labor de una comisión de facilitación de la Iglesia Católica colombiana en el tema del acuerdo humanitario pero reconoció que no tiene poder de negociación. "En ese sentido los avances en las comunicaciones con la representación de la Iglesia son mínimos ya que no tienen la potestad de negociar a nombre del Estado colombiano, no están autorizados para eso, y lo que están es buscando acercar a las dos partes, para que más adelante se sienten los voceros de los dos partes para convenir un acuerdo y firmarlo", añadió.
El secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, declaró que "la verificación del proceso de paz con las autodefensas sin localización en determinadas zonas no es posible". Según Gaviria el cese del fuego y de hostilidades de los paramilitares no se ha cumplido en su totalidad porque "la no concentración en áreas determinadas de los grupos armados al margen de la ley no hace posible una verificación efectiva". Gaviria, dijo además que comparte con el Gobierno la idea de una mesa unificada como la mejor contribución a que el proceso avance. Para él, esto podría encauzar y facilitar acuerdos definitivos para la desactivación de estas estructuras ilegales. Por otra parte, se conoció que el Bloque Central Bolívar (BCB), facción de las autodefensas que domina casi todo el Magdalena Medio, abandonará a primera hora del domingo los cascos urbanos de Barrancabermeja (Santander), Puerto Berrío y Segovia (Antioquia) y Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar). En un comunicado oficial, el grupo también informó que se retirará de los corregimientos de Monterrey, Santa Lucía y San Blas, en el sur de Bolívar. Según el BCB, de estas poblaciones saldrán 1.504 de sus hombres.
El Consejo Superior de la Judicatura entregó al Ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, un proyecto para modificar 20 artículos de la Ley Estatutaria a la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). El texto, que fue presentado por los seis magistrados de la Sala Administrativa, propone la creación de secciones especiales que tendrán carácter transitorio, con el fin de descongestionar los despachos judiciales. Entre los cambios propuestos por el Consejo Superior se establece que cuando existan fallos similares que reiteren jurisprudencias, "las corporaciones y despachos judiciales aplicarán el orden de prelación para dictar sentencia respecto de éstos y no de todos los procesos en general". Además, propone que la Sala Administrativa reglamente las actividades que desempeñan los estudiantes de derecho en las Corporaciones. En el mismo proyecto el Consejo Superior propone una estratificación de las corporaciones y despachos judiciales para establecer las plantas de cargos, los recursos físicos, los tecnológicos y las escalas salariales. La iniciativa dispone que para que los tribunales administrativos ejerzan sus funciones, se creen secciones y subsecciones, que se sumarían a la sala plena y la sala de gobierno.
El jefe guerrillero de las FARC, Ricardo Ovidio Palmera, alias 'Simón Trinidad', se declaró inocente del cargo de secuestro en la apertura del primer juicio virtual que se celebra en Colombia. 'Trinidad', desde la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá, se declaró inocente en una conexión de video vía satélite. El juez que sigue el proceso, se encontraba en Valledupar, capital del departamento del Cesar. 'Trinidad' responde por el secuestro, el 2 de marzo de 1998, del ex alcalde de Valledupar, Elías Ochoa Daza, y de su hermano Eliécer, perpetrados por hombres de las FARC. Según el inculpado, por la época de ese secuestro se encontraba "muy lejos" del lugar de los hechos. Para reforzar su defensa, aseguró que siempre ha tenido "labores ideológicas" en las filas rebeldes y que "jamás" ha tenido grupos bajo su mando. El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) recurrió al juicio virtual debido a los riesgos que supone el traslado del guerrillero para comparecer en persona ante los jueces. El proceso es vigilado por la Procuraduría General de la Nación.
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron un informe durante la celebración del Día Internacional de la Mujer. Una de las principales conclusiones indica que en los últimos siete años, los hogares encabezados por madres en Colombia pasaron de 2,4 millones a 3,4 millones, debido a factores como la violencia, el desplazamiento forzado y, en menor medida, la mayor preparación e independencia económica de las mujeres. Las estadísticas del DANE hablan de 22,8 millones de mujeres en Colombia y de al menos uno de cada cuatro hogares de desplazados forzados está en cabeza de la madre. Además, una de cada cuatro de ellas es viuda. En algunas ciudades del país, el fenómeno es predominante. Las cifras, además, registran un aumento en las mujeres jefes de hogar con educación superior. Pasaron del 10% en 1997 a 14% en el 2003. Los expertos dicen que mientras más preparadas son las mujeres, más independencia adquieren ante los hombres. Por eso, en los niveles sociales más altos también se percibe con fuerza el incremento de madres cabeza de hogar. La mujer tiene una participación del 53% en la Tasa de Empleo Global. Pese a esto, la desocupación femenina es más alta que la masculina. De acuerdo con el DANE, durante el 2003 la tasa nacional total de desempleo descendió a 15,2%: 11,9% para los hombres y 19,7% para las mujeres.
El líder político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, denunció el asesinato de asesores de su organización y de algunos familiares "en estado de indefensión". "Comienzan a surgir graves obstáculos criminales", revela Castaño en una carta divulgada en internet y dirigida al alto comisionado para la paz y la convivencia, Luis Carlos Restrepo, y a dos obispos de una comisión facilitadora del proceso de reconciliación. Según el jefe paramilitar, esta situación se registra "en la medida que el proceso de paz con las autodefensas avanza hacia la concentración y desmovilización de las tropas". Agrega que esos "actos violentos se han venido presentando en la ciudad de Medellín (Antioquia) contra personas vinculadas a las AUC y particularmente a la familia Castaño". Señala que las víctimas "estaban "comprometidas con la paz del país". Castaño indica que deja constancia de esas acciones para que "el Gobierno Nacional y los organismos de seguridad del Estado puedan aclararlos y castigarlos, y evitar traumas al proceso de paz que intentamos culminar con éxito".
Luis González León fue nombrado nuevo Director Nacional de Fiscalías, en reemplazo de Carlos Hernando Arias, quien debió renunciar a su cargo recién posesionado por denuncias en su contra por acoso sexual. Su designación la hizo oficial el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, de acuerdo con los resultados de una votación efectuada al interior de la institución y en la que tomaron parte los fiscales de todas las seccionales del país. La elección del funcionario se efectuó el pasado viernes, y después de una evaluación previa, Osorio eligió a González León de una terna conformada por quienes obtuvieron los mayores votos. El mecanismo para la designación del Director Nacional de Fiscalías hace parte de las medidas tomadas por el Fiscal General, con el fin de elevar las exigencias y la rigurosidad del control interno de la entidad, que el nuevo funcionario entrará a coordinar.
2004/03/10
Un total de 64 periodistas y reporteros resultaron muertos en 2003 en el ejercicio de su profesión, según denunció este miércoles en Viena el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). El principal responsable del aumento de la mortandad en la profesión fue Irak, país donde "al menos 19 periodistas" murieron durante la cobertura de la guerra iniciada por las tropas de la coalición para acabar con el régimen de Saddam Husein. Nueve periodistas fallecieron en Colombia, siete en Filipinas, cuatro en Brasil y tres respectivamente en India, Nepal y Rusia, mientras los restantes fallecimientos se repartieron por otros 13 países. En Oriente Medio murieron 22 periodistas, lo que demostró que se trata de "la región más peligrosa del mundo para trabajar como periodista". En América murieron 17 informadores, nueve de ellos sólo en Colombia, que volvió a ser "el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental", cuatro en Brasil, dos en Guatemala y uno en Honduras, donde se registró la primera muerte de un periodista en más de 20 años. El informe destaca que en Colombia, donde "extensas áreas se encuentran fuera del control del Gobierno, los periodistas que tratan de denunciar actividades ilícitas, la corrupción, o informar acerca de la guerra civil, corren el riesgo de ser asesinados".
El Juzgado Séptimo especializado de Bogotá condenó al jefe paramilitar Carlos Castaño a 38 años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón, hecho ocurrido el 13 de agosto de 1999. El fallo también determinó que fueran absueltos Juan Pablo Ortiz alias 'Bochas', y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias 'Toño', quienes habían sido acusados por la Fiscalía de ser los autores materiales de este crimen. La investigación carece de pruebas suficientes para responsabilizar a estas dos personas.
Se realizará una cumbre de altas cortes para bajarles la temperatura a últimos roces entre esos tribunales. Asistirán las plenarias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa la tomó la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que acordó reunirse con los otros dos tribunales a puerta cerrada para discutir el proyecto de reforma a la justicia, que deberá discutirse en esta legislatura en el Congreso. Los presidentes de estas tres instituciones se reunirán para fijar sitio y hora del encuentro, informó el presidente de la Corte Suprema, Silvio Fernando Trejos, al término de una visita al presidente Álvaro Uribe. En el encuentro, el Jefe del Estado y la sala de gobierno de la Suprema, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los presidentes de las tres salas, se dialogó sobre la reforma y los enfrentamientos entre las cortes por la iniciativa. Como epílogo de la reunión, los magistrados acordaron someter a la sala plena de esta corporación judicial el texto del proyecto y entregar oportunamente al Gobierno un documento sobre sus discusiones.
En la llamada "Declaración de Bogotá", 22 países de América se comprometieron a eliminar sus arsenales de guerra excedentes. Así quedó consignado en el documento final de la reunión de naciones que ratificaron la convención contra el tráfico ilegal de armas, en Bogotá. El avance en esa tarea quedó en manos del Comité Consultivo de la Convención Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), cuya secretaría "pro témpore" es ejercida por Colombia. Los países americanos que han ratificado la Convención de 1997 también se comprometieron a eliminar las armas y materiales que se han acumulado por efecto de confiscaciones o decomisos en operaciones contra la fabricación o el tráfico ilegal. La primera reunión ordinaria de la conferencia de ese mecanismo continental puso fin a dos días de sesiones en la capital colombiana.
Según Alonso Salazar, Secretario de Gobierno de Medellín, las quejas presentadas por Carlos Castaño sobre ataques de "enemigos de la paz" contra "personas honestas cercanas a las autodefensas", evidencian la necesidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA) comience en firme su tarea de verificación en el proceso de diálogo que el Gobierno adelanta con esa organización. Para Salazar, el organismo multilateral no ha iniciado su labor, lo que ha llevado a que las denuncias sobre irregularidades en el proceso de reinserción de los 871 desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara (BCN) tengan que ser tramitadas por su despacho, por la Oficina de Paz y Reconciliación, por la Corporación Democracia y por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Gobierno le entregó el tema a la OEA, representada por el delegado Sergio Caramagna, quien visitó la capital antioqueña en dos ocasiones. Sin embargo, tanto Salazar como Gustavo Villegas, director de la Oficina de Paz y Reconciliación de Medellín, opinan que la labor de Caramagna aún no se ve.
La más grande incautación de bienes rurales y urbanos que se haya realizado en un solo día en la historia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, se desarrolló en distintas ciudades del país. Así definió el jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), coronel (r) Alfonso Plazas Vega, el operativo en el que fueron confiscadas 202 propiedades, la mayoría perteneciente a Luis Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', líder del cartel del Norte del Valle y considerado el responsable de manejar entre el 30 y el 50% de los envíos de cocaína de Colombia a Estados Unidos. La operación, denominada Resplandor Fase VI y adelantada por unidades halcones del bloque de búsqueda con sede en el Eje Cafetero, tuvo lugar en Pereira, Cali, Medellín, Montería y en los municipios de Cartago, Anserma Nuevo, El Cairo, El Águila, Obando, Ulloa y Circasia. En total fueron ocupadas 68 fincas, 13 apartamentos, 6 bodegas, 37 casas, 6 garajes, 14 locales comerciales, 24 oficinas, 17 parqueaderos y 17 sociedades. Los bienes fueron avaluados en 270.000 millones de pesos, cerca de 100 millones de dólares.
2004/03/11
Según las cifras del informe anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Gobierno, durante el 2003 hubo avance en los indicadores de derechos humanos, pues se redujeron las cifras de homicidios, masacres, secuestros, desplazamiento, ataques a poblaciones y asesinatos de sindicalistas. El vicepresidente Francisco Santos presentó el documento que calcula así estas reducciones: número de homicidios, en 20%; desplazamiento forzado, en 52%; masacres, en 33%; secuestro, en 26%; ataques a poblaciones, en 84%; asesinatos de sindicalistas, en 57%. Según el funcionario, estos esfuerzos implican que 5.800 colombianos preservaron su vida, frente al año 2002. De igual modo, Santos reportó que el año pasado también disminuyeron los ataques contra objetivos económicos, como por ejemplo contra torres de energía disminuyeron en 32%; contra torres de comunicaciones, 69%; contra acueductos, 84%; y contra puentes, 67%. Santos también admitió que se han presentado dificultades en el cumplimiento de las 24 recomendaciones formuladas por el Secretario de las Naciones Unidas con respecto al tema. En particular, anunció que la eliminación de las facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, sugeridas por la ONU, no será tomada en cuenta.
Al presentar el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante el 2003, Michael Frühling, director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esta área, también registró avances, pero advirtió que "la situación de derechos humanos en Colombia siguió siendo crítica". El documento reseña la alta popularidad del Presidente Uribe, aunque dice que a la par hubo un mayor grado de tensión y polarización en el país. Reporta como positivo el hecho de que la Fuerza Pública haya logrado extender su presencia a casi todos los municipios del país, pero lamenta que no haya habido acompañamiento de instituciones civiles como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También registra como esperanzador el hecho de que el Gobierno haya iniciado conversaciones con los grupos paramilitares, aunque anota que le asiste gran preocupación por varias situaciones, como el aumento de denuncias de vínculos de servidores públicos con los paramilitares, los interrogantes que en materia de impunidad plantea el proyecto gubernamental para excarcelar a los autores de delitos atroces; la flagrante violación del compromiso del cese de hostilidades, entre otros. De las FARC dice, en particular, que continuaron con su "estrategia de aterrorizar a la población, cometiendo actos de terrorismo y secuestros" y condena el hecho de que no solo no hayan accedido a la libertad de los plagiados, sino que en algunos casos les hayan dado muerte. De las FARC y el ELN reporta que siguen recurriendo al uso de minas antipersonal y de las guerrillas y los paramilitares que el reclutamiento de menores no se detiene.
Tras la publicación del informe de la ONU sobre derechos humanos, el Gobierno señaló en rueda de prensa, que la organización internacional "desconoce los métodos terroristas, que incluyen la producción de 700 toneladas de coca y los 1.500 secuestros de civiles". El informe de la ONU critica el Estatuto Antiterrorista y cuestiona el respeto a los derechos humanos en el último año. "La magnitud de esta amenaza (grupos terroristas), sus recursos, su desprecio por todas las normas humanitarias, su declarada afrenta a la democracia y a la sociedad, sus métodos terroristas y pérfidos, generan circunstancias que dificultan el desempeño del Estado para lograr su propósito de garantizar y proteger los derechos humanos y exigen medidas proporcionales a esta amenaza", responde el Gobierno por medio de un comunicado. Por otra parte, insiste en que la política de seguridad democrática "ha permitido garantizar la seguridad de todas y todos los colombianos y su bienestar de manera integral".
Las FARC rechazaron la propuesta de Francia de recibirlos en su territorio. "Las FARC agradecen al señor Chirac por ese gesto, por esa oferta que hace de recibir en su territorio guerrilleros de las FARC, pero en este momento las FARC no está planteando la salida de ninguno de sus combatientes, una vez recuperen la libertad en Colombia", dijo Raúl Reyes, vocero de las FARC. Según Reyes, las FARC desean que estos combatientes permanezcan en el país "porque Colombia requiere ser liberada definitivamente, mientras Francia es un país libre que no requiere de este tipo de lucha". El pasado 26 de febrero, la portavoz de la presidencia francesa, Catherine Colonna, señaló la disposición de Chirac de recibir guerrilleros que estén sujetos a un eventual acuerdo humanitario. Al respecto, el Presidente Álvaro Uribe ha señalado que una de las condiciones para llevar a cabo este intercambio es que existan garantías de que los guerrilleros liberados no vuelvan a delinquir. Es allí donde entra la oferta de Francia de recibirlos, en caso de que el Gobierno así lo disponga.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, visitó el departamento de Putumayo. Stavenhagen se reunió con miembros de comunidades nativas de este departamento para analizar la situación de esta población con respecto a la protección efectiva de sus derechos humanos básicos. Se reunió el miércoles pasado con el presidente Álvaro Uribe y con dirigentes indígenas, ante quienes se declaró preocupado por los crímenes de nativos, que superaron los 110 el año pasado. El funcionario también recorrerá la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Cauca, para analizar la realidad de las comunidades indígenas en medio del conflicto armado. El antropólogo mexicano tiene previsto elaborar un informe preliminar sobre el tema, para presentarlo en abril ante el 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
2004/04/12
El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que en 1999 retiró la visa al general Rito Alejo del Río. Un vocero de ese gobierno precisó que sus razones para tomar la decisión son las sospechas que recaen sobre él por narcotráfico y terrorismo. "Podemos confirmar que al señor del Río se le revocó la visa a Estados Unidos desde 1999 por los cargos mencionados, bajo ley de inmigración numerales 212 A3B y A2C", dijo. Esta información, de acuerdo al mismo funcionario, será hecha pública durante la rueda de prensa que realiza todos los días el Departamento de Estado. El alto funcionario del Departamento de Estado precisó que del Río intentó renovar la visa revocada a finales del año 2000, pero que se le volvió a negar. El general (r) intentaba obtener en esa ocasión una visa B1-B2, de turismo. El numeral A3B, que se cita en el caso del Río, dice textualmente: "Se le niega la visa a cualquier extranjero que haya participado en actividades terroristas". El numeral A2C, el otro que se eleva contra el general (r) hace referencia a cualquier persona que sea un narcotraficante, haya participado en el tráfico de drogas o haya colaborado en una actividad relacionada con el narcotráfico. En el caso de terrorismo, el Departamento de Estado se refiere a los cargos que pesaban en contra de del Río por la supuesta conformación de grupos paramilitares cuando el general era comandante de la XVII Brigada, entre 1995 y 1997, en el Urabá antioqueño, territorio en el que se desarrolló un agudo enfrentamiento entre las autodefensas ilegales y la guerrilla.
La Corte Interamericana de Justicia estudiará la demanda de Sergio Cadena Antolínez, colombiano que desde hace tres años busca el reconocimiento de su pensión. El ex empleado del Banco de la República presentó una demanda para que le reconocieran su pensión de jubilación. Primero se la concedió un juez, luego se la ratificó el Tribunal Superior de Bogotá y, en la última instancia, la Corte Suprema de Justicia se la negó. Ante la negativa, Cadena Antolínez interpuso una acción de tutela en el Consejo Seccional de la Judicatura para que revisara el fallo de la Corte Suprema. La Judicatura le niega el recurso a Cadena, sin embargo, la tutela va a revisión de la Corte Constitucional, y ésta, en instancia final, accede a las pretensiones del demandante. A pesar del fallo, la Sala Laboral de la Corte Suprema se ha negado a acatarlo y cumplirlo, porque considera que sus sentencias judiciales son definitivas y no pueden ser revisadas por acciones de tutela decididas por ningún juez. En el 2002 al ver que no se cumplía con lo ordenado, interpuso ante la Seccional de la Judicatura de Cundinamarca un incidente de desacato contra los magistrados de la Corte Suprema. La Judicatura le respondió que no era competente para estudiar el caso y lo remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que hasta hoy no ha resuelto nada. Agotadas las instancias en Colombia para hacer cumplir la decisión, el ciudadano llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Colombia y Estados Unidos invertirán US$13,1 millones confiscados al narcotráfico en programas del sector de la justicia en el país, según un acuerdo firmado por los gobiernos de Bogotá y Washington. El convenio fue suscrito en Bogotá por la vicefiscal de Estados Unidos, Mary Lee Warren, y el ministro colombiano de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, cuya cartera será la encargada de ejecutar los recursos, producto de bienes incautados al extinto capo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha, 'El Mexicano'. Con los fondos se financiarán doce programas que favorecerán al Ministerio de Interior y Justicia, el sistema carcelario, la Fiscalía, la Policía, el DAS, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y la oficina de derechos humanos de la Vicepresidencia, según un comunicado oficial.
2004/03/13
Fue creado el Segundo Laboratorio de Paz para 24 municipios de Cauca y Nariño. El Segundo Laboratorio de Paz del sur del país, constituido para las regiones del Macizo Colombiano y el Alto Patía, financiará proyectos por $18.000 millones en los dos primeros años. Luego se adelantará un proceso de evaluación de los programas y de acuerdo al desarrollo de los mismos, en los próximos tres años se asignaría una suma igual. Los gobernadores de Cauca y Nariño, Juan José Cháux Mosquera y Eduardo Zúñiga Erazo, respectivamente, tras celebrar el lanzamiento del Laboratorio, lo calificaron de suceso histórico para la reivindicación social, productiva y gubernamental de sus 24 municipios beneficiados. Los mandatarios aprovecharon el evento para crear una alianza que les facilite ser garantes de los proyectos y de paso constituirse en corazas morales y administrativas para que haya una infinita transparencia en el manejo de los recursos.
El Consejo Superior de la Judicatura publicó un estudio sobre la congestión de los juzgados en el 2003. Señala que de cada 100 expedientes en los juzgados del país, 29 no son tramitados. Sin embargo, advierte la Judicatura, ese retraso se debe a causas ajenas al sistema judicial. Obedece, entre otras, a que las partes sencillamente no vuelven a preguntar por los casos, a pesar de estar obligadas a hacerlo, o también a que son procesos que se suspenden e interrumpen porque la ley así lo determina. El documento revela que durante el 2003 de los 2'768.921 expedientes que había en los juzgados y tribunales del país, 1'974.009 tuvieron trámite mientras que 794.912 que equivalen al 29% permanecieron inactivos. El documento señala que la justicia civil es la más congestionada al tener pendientes por resolver 841.094 procesos en 248 de los 515 juzgados civiles que hay en el país, es decir, una sobrecarga en el 48% de los despachos judiciales de esa especialidad. El informe hace un análisis profundo sobre el estado de la administración de justicia, el número de ingresos y egresos de expedientes en las diferentes especialidades de esta rama del poder público. Pese a la congestión, el estudio señala que hay una tendencia a la baja. En el periodo 1998-2003 se pasó de tener 2'845.542 procesos a 2'768.921 o sea un decrecimiento del 2,7%.
El Gobierno autorizó la extradición del primer indígena pedido por narcotráfico por Estados Unidos. El Presidente y el Ministro del Interior y de Justicia negaron el único recurso que había interpuesto el aborigen. En un caso excepcional, el servicio jurídico gubernamental se tomó casi dos meses y medio para elaborar el estudio que permitió al Presidente Álvaro Uribe y al ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, ratificar la orden de entrega del miembro de la étnia wuayúu Alfonso Segunda Pana Aguilar. La extradición de Pana Aguilar fue confirmada mediante una resolución ejecutiva del pasado día 10. Pana será extraditado en los próximos días. El indígena fue acusado en Washington el 19 de setiembre del 2002 por "concierto para distribuir cocaína, con la intención y el conocimiento de que sería ilegalmente importada a los Estados Unidos", dentro de un proceso con el que también fue vinculado el ex senador Samuel Santander Lopesierra, extraditado el pasado agosto.
El senador demócrata Patrick Leahy pidió retener una partida de US$10 millones de dólares para las Fuerzas Militares de Colombia pues, a su juicio, no han cumplido con las condiciones del Congreso de Estados Unidos en materia de Derechos Humanos. La solicitud la hizo al secretario de Estado, Colin Powell. Leahy es el demócrata de mayor rango en el subcomité de Apropiaciones para Operaciones Internacionales en el Hemisferio Occidental, que autoriza la ayuda. Entre las acciones que el senador cree que deben adoptarse para que se haga el desembolso, están: "que se retire al general Héctor Fabio Velasco como embajador ante Israel y se siga acción judicial o disciplinaria sobre su papel en la obstrucción del caso Santo Domingo". Aunque fuentes del Departamento de Estado dijeron que "trabajarían" en algunas demandas del senador, aclararon que los fondos serán retenidos, pues Powell ya certificó el cumplimiento de las condiciones que exige la ley.
2004/03/15
Las FARC insistieron en una zona desmilitarizada para realizar un eventual intercambio humanitario, en el que se incluiría a 'Simón Trinidad'. 'Raúl Reyes', vocero de las FARC, dijo que se requiere de varias zonas desmilitarizadas para poder entregar a los secuestrados y que los guerrilleros que salgan de las cárceles podrán regresar a las filas de la organización. "Se requieren algo así como cuatro, cinco o siete zonas en término de dos meses, por decir algo, para poder entregar a los diferentes grupos", sostuvo. Aclaró que "sin desmilitarización no se aceptará el proceso, porque las FARC no confían en ningún funcionario de este Gobierno". Según 'Reyes', durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez no se podrá realizar el intercambio humanitario. "No le creo a Uribe porque no tiene ningún interés distinto al de la guerra", sostuvo. Aseguró que el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, lo que pretende es mantener empantanado el tema del acuerdo humanitario. El jefe subversivo descartó una posible extradición de Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', capturado en Ecuador en enero pasado, y dijo que no es responsable de muchos de los delitos que se le imputan.
La misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, inició en firme el proceso de verificación del proceso con las AUC con la instalación de su oficina en Medellín. El delegado de la OEA para desempeñar esa misión en el país, Sergio Caramagna, estará acompañado por un equipo de cinco personas y de forma provisional tendrá su despacho en una oficina del Centro Administrativo de La Alpujarra. Con la instalación de esta oficina de trabajo, la OEA vigilará la reinserción a la vida civil de 875 miembros del Bloque Cacique Nutibara (BCN), primer grupo de las AUC en entregar las armas, el pasado 25 de noviembre. Asimismo, tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de todos los acuerdos bajo los cuales los ex combatientes del BCN se acogieron al proceso de paz con el Gobierno Nacional. El delegado de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Alejandro Albarracín, explicó que la Alcaldía de Medellín y el Ejecutivo ofrecerán la ayuda necesaria para que la misión inicie cuanto antes su labor de verificación.
Al hacer un diagnóstico sobre la situación del menor en Colombia, el procurador, Edgardo Maya Villazón, informó que seis millones de niños viven en la pobreza absoluta y un millón en la indigencia; hay seis mil infantes reclutados para la guerra y sólo 1.800 desvinculados de los grupos armados. A juicio del funcionario, este es el futuro que le espera al país de no implementarse de inmediato una política social que dé prioridad a la niñez. "Está bien que existan planes de contención y de represión de la violencia, pero para mí, como jefe del Ministerio Público, el tema son medidas preventivas hacia los menores", dijo. Maya Villazón presentó esta situación durante la instalación del IV Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales en Familia y el II Taller Regional de Análisis y Competencias, Procedimientos y Atención que brinda el Estado a los niños desvinculados del conflicto armado. Al respecto, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para Colombia, Manuel Manrique Castro, dijo que el país debe crear las condiciones que les permitan a los jóvenes descubrir que tienen mejores oportunidades diferentes a vincularse a grupos armados.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el 57% de los desplazados del país tiene problemas de nutrición, porque no consumen las calorías y nutrientes suficientes. La falta de recursos económicos y la presión de los grupos armados al margen de la ley ha agudizado el problema de la nutrición de los desplazados por el conflicto interno. A esta conclusión llegaron los altos funcionarios del Programa Mundial de Alimentos, PMA, quienes reiteraron su compromiso de duplicar los recursos y la cobertura para este año. El pronunciamiento se hizo público con motivo de la visita de Jean-Jacques Graisse, director ejecutivo adjunto del PMA, quien durante cuatro días puso el tema sobre la mesa con el presidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. Según Jean-Jacques Graisse, la crisis humanitaria de las personas en desplazamiento es complejo, si se tiene en cuenta que Colombia tiene la población desplazada más grande del hemisferio Occidental.
2004/03/16
Pocas horas después del triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció que revisaría la venta a Colombia de tanques de guerra y de otro material bélico. El anuncio lo hizo Miguel Ángel Moratinos, jefe de campaña del PSOE y a quien todos dan como fijo para el cargo de canciller. Moratinos aseguró a la emisora 'La W' que la cooperación podría ser modificada, toda vez que el nuevo Gobierno considera que la venta de esos tanques no resuelve el problema de los grupos armados ilegales en Colombia. El presidente Uribe, interrogado por los periodistas, dijo que aunque se trata de un contrato que sigue su curso normal, cada gobierno es autónomo frente al tema. "Todos los gobiernos son soberanos para examinar esos contratos", aseguró. Entre tanto Noemí Sanín, consultada en Madrid, advirtió que de aquí a finales de abril cuando asume el nuevo gobierno español, la administración del presidente José María Aznar podría acelerar la entrega de los tanques, obuses y aviones a Colombia.
El Ejército emprendió una ofensiva militar en los departamentos de Tolima, Guaviare y Huila, que de momento deja un saldo de 31 guerrilleros muertos. El comandante de la Sexta Brigada del Ejército, general Lelio Fadul, señaló que catorce miembros de las FARC murieron en combates registrados en el Cañón de Las Hermosas, en el departamento del Tolima. "Hemos iniciado la operación hace una semana y en desarrollo de la misma se han dado de baja a catorce subversivos, de los cuales hemos rescatado doce cadáveres que ya fueron evacuados de la región", señaló Fadul, quien confirmó, además, la captura de dos guerrilleros. El oficial destacó que las acciones se realizaron en coordinación con la Fuerza Aérea y con la Policía, y que en desarrollo de éstas se desmantelaron dos campamentos guerrilleros con capacidad para albergar a 150 personas. En otra operación militar, en el departamento de Guaviare, murieron ocho miembros de las FARC. De otro lado, en el corregimiento de La Argentina, Huila, el Ejército reportó la muerte de nueve guerrilleros en enfrentamientos con miembros de la Novena Brigada.
El Gobierno aprobó la construcción de 15 nuevas cárceles. El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega reveló que las nuevas edificaciones alojarán al menos a 24 mil reclusos. El cupo carcelario fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Los nuevos centros de reclusión se construirán a lo largo de los próximos 10 años. Segpun cálculos del Gobierno, las nuevas cárceles permitirán reducir los actuales niveles de hacinamiento en un 18%. El ministro Pretelt dijo que se invertirán 500 mil millones de pesos en esas obras, que se ejecutarán a través del sistema de concesión. El funcionario explicó que los recursos provienen principalmente de los fondos incautados de actividades ilegales por el Consejo Nacional de Estupefacientes, a través de la extinción de dominio a varios narcotraficantes.
2004/03/17
La Cámara de Representantes ratificó a Vólmar Pérez en la Defensoría del Pueblo. Se desempeñaba como defensor encargado desde septiembre y completará el período que le correspondía a Eduardo Cifuentes Muñoz, quien renunció. Desde antes de que se produjera la votación en la sesión plenaria, en los pasillos del Congreso y en las reuniones que celebraron las diferentes bancadas, Pérez -un abogado conservador de Norte de Santander- era el candidato con más fuerza. En diciembre, el Gobierno envió una terna a la Cámara para elegir un Defensor en propiedad hasta agosto próximo. Es muy probable que Pérez sea incluido de nuevo en la terna que deberá enviar el Gobierno al Congreso para escoger al Defensor que estará en ese cargo en los próximos cuatro años.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tiene entre sus planes un encuentro directo de su secretario general, Kofi Annan, con un representante de las FARC para abordar la discusión del llamado intercambio humanitario. Así lo dejó en claro el delegado especial de la ONU para Colombia, James Lemoyne, quien destacó, sin embargo, que el organismo internacional está plenamente comprometido con un acuerdo que permita la liberación de los secuestrados. Lemoyne habló desde Ciudad de México, donde participa en un taller sobre protección de civiles en los conflictos armados. Según el delegado, el Secretario General "nunca se reúne con líderes guerrilleros, y en los pocos casos que se ha hecho ha sido cuando un grupo rebelde se ha comprometido a un proceso de paz, firmando acuerdos formales y vigentes". De esta manera, queda descartada la interlocución directa que pretendían las FARC y que había sido rechazada por el Gobierno colombiano.
Al iniciar su visita oficial a Colombia, el Presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez pidió que se incremente la presencia de la Fuerza Pública en el área de frontera. El Presidente Álvaro Uribe calificó a su colega de Ecuador como un "líder" de la región. "Venimos a sumar voluntades y a estrechar aún más nuestros lazos de amistad, que nos permiten a Colombia y a Ecuador enfrentar de una manera sólida los desafíos del mañana". Con esas palabras, el Presidente Gutiérrez, resumió el objetivo central de la visita oficial que cumple en Colombia. "Sólo la integración nos hará grandes y poderosos. Solamente la unidad sólida entre nuestras naciones nos ayudará a enfrentar con mayores posibilidades de éxito los retos venideros", dijo el Mandatario ecuatoriano. Gutiérrez reiteró que el Ejército ecuatoriano no intervendrá en el conflicto colombiano, pero reclamó el derecho a defender su soberanía nacional.
La ONU abrió oficina para los derechos de la mujer en Colombia. "La idea es contribuir a visualizar el impacto diferenciado del conflicto sobre las mujeres y su papel en los procesos de paz, mejorar la información disponible, tener unas estadísticas precisas y una radiografía completa de la situación", explicó Carmen de la Cruz, asesora nacional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en Colombia. También se "prevé el fortalecimiento y mejora de los enfoques de protección y ayuda para las mujeres afectadas por el conflicto, y el apoyo a las mujeres que han sido víctimas de la violencia y se han convertido en líderes en sus espacios locales", explicó Ana Falú, directora regional andina de UNIFEM, cuya sede esta en Quito (Ecuador). La idea es apoyar la participación activa de la mujer en todas las esferas de la sociedad, analizar la realidad indígena y tener intercambios con mujeres líderes de otras regiones de América Latina.
Ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, reclamó un mayor esfuerzo de la comunidad internacional para cerrarles el paso a las organizaciones terroristas y evitar así que sigan cometiendo más acciones violentas. Durante su intervención en la sexagésima sesión de la Comisión, Santos Calderón insistió en la necesidad de que gobiernos y organizaciones de todo el mundo cumplan con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "para eliminar todo vínculo, tolerancia o relación con los grupos terroristas". Durante su intervención, Santos aseguró que uno de los mayores problemas en Colombia es la impunidad, que se origina en buena medida en la cantidad de hechos violentos que llegan a los jueces y a su vez impiden que el sistema judicial opere de manera más eficaz. Ante los representantes de los 53 países que forman parte de ese organismo de Naciones Unidas, Santos hizo referencia a la política de Seguridad Democrática impulsada por el Gobierno Nacional, la reforma a la justicia y el informe presentado la semana pasada por la Oficina en Colombia del Alto Relator de la ONU para los Derechos Humanos.
Los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y de Ecuador, Lucio Gutiérrez, se comprometieron a continuar con sus esfuerzos para preservar la seguridad en la zona de frontera. En una declaración conjunta de 44 puntos, los jefes de Estado dejaron consignados los compromisos en materia comercial, de migración y seguridad. Gutiérrez y su comitiva culminaron su visita oficial al país, tras sostener reuniones con la Corte Suprema de Justicia y recibir del presidente del Senado, Germán Vargas Lleras, la Orden del Congreso de la República en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro. La seguridad en la frontera se fortalecerá con medidas de control permanentes en los respectivos países a través del incremento del intercambio de información entre sus autoridades, con el objeto de combatir el narcotráfico, el contrabando de precursores químicos, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión. Para avanzar en la lucha contra la delincuencia, las autoridades civiles y militares de cada país, con el apoyo de las cancillerías, deberán presentar en un plazo no mayor de 60 días un plan conjunto de acciones encaminadas a reforzar los controles existentes. Uribe y Gutiérrez también analizaron el tema de las fumigaciones y determinaron realizar otra reunión y visitas conjuntas de inspección y evaluación científica a ambos lados de la frontera en abril próximo.
Se atravesó un nuevo obstáculo que profundiza aún más la crisis en que se encuentran las negociaciones que el Gobierno Nacional adelanta con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A través de un comunicado, la organización paramilitar condicionó los diálogos a la garantía de que sus líderes no serán extraditados ni juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Incluso aunque Colombia suscriba un tratado de paz que incluya una amnistía para los combatientes irregulares, cabe la posibilidad de que el Tribunal de Roma, cuya creación impulsó Colombia en 1997, pueda pedir en algún momento a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por ello, los jefes 'paras' dicen que el proceso de paz "pende de un hilo". Además, se niegan a concentrar a sus combatientes en zonas específicas del territorio nacional. "Si lo que se pretende es que las AUC ingresemos precipitadamente con el honor mancillado por la sumisión a unos sitios desde cuya ubicación nada podamos hacer para defender a Colombia de las guerrillas terroristas, entonces el dilema para las AUC será tremendo y el resultado final de este proceso de paz mucho más incierto", señalan en el documento. En el comunicado, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, a quienes EE.UU. pidió en extradición en septiembre de 2002, calificaron estas solicitudes como una "espada de Damocles" sobre el proceso.
2004/03/18
El proceso de desmovilización y reinserción de miembros de las autodefensas desarrollado en Medellín se efectuó sin la ventaja de una estructura legal y careció de un nivel de transparencia y seguimiento, afirmó el embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood, en su último día de visita oficial a la ciudad. Wood dijo que algunas cosas de este proceso "habrían podido hacerse de otra manera y todavía podrían mejorarse" y calificó como un paso importante la verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la desmovilización y reinserción de los miembros de las autodefensas. Argumentó que el proceso tiene puntos políticos, legales y pragmáticos que deben ordenarse. Por esta razón, Estados Unidos estudia el proyecto de desmovilización para concretar una ayuda económica específica y aporta, en la actualidad, dos millones de dólares al Gobierno colombiano como apoyo a la etapa de planificación, explicó el diplomático. Sobre si el Gobierno estadounidense plantea la posibilidad de eliminar las órdenes de extradición contra miembros de las autodefensas, Wood dijo que EE.UU. apoya el proceso de paz, pero también quiere que quienes han dañado a ciudadanos estadounidenses y violado las leyes de este país se sometan a un proceso judicial.
Como un hecho "insólito" en la historia de la guerra en el país, calificaron las autoridades la detención de un presunto cabecilla de las FARC, quien estaría reclutando milicianos para realizar atentados suicidas. Este método terrorista, utilizado con frecuencia en el enfrentamiento entre israelíes y palestinos por el control de la Franja de Gaza, sería usado en el conflicto colombiano, según determinaron las autoridades. El director del DAS, Jorge Noguera Cotes, señaló que con la captura de Luis Hipólito Ospina, alias "El Musulmán", se logra prevenir atentados suicidas en contra de personajes públicos reconocidos, entre los que se cuenta el mismo Presidente Álvaro Uribe. Según Noguera, el presunto guerrillero estaría desde hace varios meses haciendo un trabajo psicológico a 22 jóvenes para que se inmolaran en la ejecución de actos terroristas. "El Musulmán" fue detenido el martes anterior en el norte de Bogotá. La pista para que las autoridades rastrearan a "este peligroso subversivo" fue proporcionada por un guerrillero que fuera detenido días antes en la capital del país.
La OEA aceptó demanda contra el Estado por no cumplir con un fallo de la Corte Constitucional. Se trata del primer caso que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las diferencias entre los máximos tribunales de justicia. La acción fue interpuesta por el ciudadano colombiano Sergio Emilio Cadena Antolínez quien desde el 2001 espera que la Corte Suprema de Justicia cumpla un fallo de la Corte Constitucional para que le sea reconocida su pensión de jubilación. Según la decisión de la Constitucional, la Suprema -que inicialmente le negó en uno de sus fallos la pensión a Sergio Cadena- desconoció la Convención Colectiva de Trabajadores del Banco de la República afectando los derechos a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital del demandante. La Corte Suprema de Justicia se ha negado a acatar los fallos de tutela que modifican las sentencias de sus tres salas argumentando que el mecanismo no puede utilizarse contra decisiones de sus magistrados. La Comisión se declaró competente para conocer el reclamo presentado por el Colectivo de Abogados, relativos a la vulneración por parte del Estado colombiano del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva, de conformidad con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2004/03/19
El ministro de defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, afirmó que la compra de unos 40 tanques a España, concretada hace dos semanas, "es un negocio hecho", aunque no descartó que el nuevo Gobierno español revise la operación. "Todo está dentro de lo posible. Sin embargo, nosotros confiamos en que esta es una operación ya hecha", manifestó el funcionario, al ser preguntado por la posible suspensión de la transacción por parte del nuevo Gobierno español. El ministro de Defensa de Colombia anunció que la próxima semana viajará a España un grupo de militares para ultimar detalles y definir el número exacto de vehículos. Uribe indicó que "falta por precisar el número de vehículos y algunos otros ítems menores, pero creo que aquí no vamos a tener problemas con ello". Subrayó que "no hay ningún problema en que se revise (el contrato), pero además tienen toda la libertad de hacerlo. Creo que es conveniente que lo hagan. Yo como nuevo gobierno también lo haría". El funcionario se refirió a las críticas hechas en Colombia a la adquisición, ya que los tanques tienen treinta años y afirmó que "las cosas son claras" y se han desarrollado "con transparencia".
La Asociación Mundial de Periódicos (AMJ) informó que un total de 53 periodistas o empleados de medios de comunicación murieron asesinados el 2003 en el mundo, frente a los 46 de 2002, y más de la mitad perecieron en sólo tres países -Irak, Filipinas y Colombia-, indicó. En Irak fueron 15 los informadores muertos en el ejercicio de su trabajo, siete en Filipinas y seis en Colombia, según el informe anual sobre el balance de periodistas asesinados de la AMJ, que recordó que el número de fallecidos fue de 60 en 2001, 53 en 2000, 70 en 1999 y 28 en 1998. En varios de estos casos, "los asesinos actuaron con total impunidad y la mayor parte de los casos no se resolvieron", denunció la directora de programas de libertad de prensa de la AMJ, Kajsa Tornroth. El balance de informadores muertos puede variar según las fuentes que los registran. La AMJ, que reúne a 72 asociaciones nacionales de editores, directores de periódicos de 101 países, 13 agencias de prensa y nueve organizaciones de prensa regionales e internacionales, incluye en sus informes a todos los empleados de medios de comunicación muertos en el ejercicio de su trabajo.
Las autoridades colombianas extraditaron ayer a Estados Unidos al presunto narcotraficante Joaquín Mario Valencia, conocido como 'El Joven', antiguo socio del desarticulado cartel de Cali, informó la Dirección de la Policía Judicial e Investigación (DIJIN). Según el reporte, Valencia es requerido por una corte federal de la Florida por los delitos de concierto para importar, poseer y distribuir cocaína, concierto para participar en lavado de dinero y participación en empresa criminal continuada. El empresario y caballista se encuentra sindicado del envío a los Estados Unidos de dos cargamentos que en total sumaron nueve toneladas de cocaína, entre 1991 y 1996. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos tienen en vigor un convenio de asistencia mutua legal que prevé la extradición como herramienta contra el narcotráfico.
El desplazamiento forzado por el conflicto armado se redujo en 50% en los dos primeros meses del año comparado igual período de 2003, informó el consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos. "Así como el año pasado el desplazamiento cayó el 53%, ya tenemos el consolidado de enero y febrero. Aunque sigue habiendo desplazamiento, frente a enero y febrero de 2003 cayó un 50%", declaró el funcionario. Hoyos dijo que los programas gubernamentales para ayudar a los desplazados avanzan "aunque hay problemas todavía muy graves", entre ellos los que se refieren a la adjudicación de vivienda y tierras. El consejero confió en que la tendencia a la disminución del desplazamiento se mantenga hasta que el problema desaparezca definitivamente.
2004/03/20
Un informe del Gobierno Nacional advierte que, en menos de cuatro años, el 94% de los municipios del departamento pasaron de ser receptores a expulsores de población. Un informe presentado por organismos del Gobierno Nacional reveló que, hasta marzo del 2004, 6.366 personas habrían llegado a 82 de las 123 poblaciones del departamento. En total se han movilizado 1.312 familias hacia zonas geográficas de Boyacá que hasta hace cuatro años no registraban índices de expulsión. Los principales municipios expulsores son Sogamoso, Tunja, Duitama, Puerto Boyacá y San Luis de Gaceno. Así mismo, las provincias más críticas en este tema son La Libertad, Lengupá, Gutiérrez, Norte, Occidente, Valderrama y Sugamuxi. Según la Red de Solidaridad, la recepción de la población desplazada establece que un 27% de las personas proviene de Casanare y un 22% del mismo departamento, Antioquia y Santander.
2004/03/22
Estados Unidos busca ampliar de 400 a 800 el número de militares apostados en Colombia. Incremento fue pedido por la administración republicana del presidente George W. Bush al Congreso de su nación. También pretenden incrementar en más de un 30% la cantidad de contratistas asignados al país. El incremento fue pedido por la administración republicana del presidente George W. Bush al Congreso de su nación. Para tal efecto, funcionarios tanto del Pentágono como del departamento de Estado han comenzado "rondas de consultas" con los Comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores en Cámara y Senado que son quienes tendrían que dar el visto bueno. Básicamente, lo que quiere la administración es que se aumente a 800 el tope máximo o "cap" de militares de EE.UU. que pueden estar en Colombia a una misma vez. Así mismo, que el "cap" se extiende a 600 en el caso de los contratistas. Actualmente, el tope máximo permitido es de 400 militares y 400 contratistas. Interrogando sobre el particular, el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, dice estar al tanto de las maniobras y aunque aclara que no es el gobierno colombiano quien está buscando la modificación, sí admite que es necesario una revisión del "cap".
El sacerdote Julio César Vidal, Obispo de Montería, reconoció las dificultades que desde el mes pasado afectan las negociaciones iniciadas en diciembre del 2002. "Hay que pedir ayuda internacional y la veeduría internacional para garantizar que el proceso tenga un feliz término y que haya cese de hostilidades", afirmó Vidal, que participa en las conversaciones entre delegados del Gobierno y de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tanto el Ejecutivo como las AUC han reconocido que las gestiones están en un momento crítico, pero, con todo, Vidal confió en que las gestiones "lleguen a feliz término pese a las dificultades". Las AUC, que tienen unos 13.000 integrantes, fueron creadas hace 22 años para combatir a las guerrillas izquierdistas y sus integrantes, dirigidos por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, están acusados de múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos. Dentro de dicho proceso, en noviembre pasado entregaron sus armas más de 850 paramilitares de Medellín y en diciembre unos 150 del Cauca. Sin embargo, el proceso se debilitó por las solicitudes de extradición de Estados Unidos contra Castaño y Mancuso y la oposición de las AUC a concentrarse en sitios geográficos para permitir la verificación de la tregua, a cargo de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Organización de Naciones Unidas, a través de su relatora especial para la educación Katarina Tomasevski, acusó al Gobierno Nacional de no cumplir fielmente con los tratados internacionales en materia de cobertura integral para la infancia. Durante su visita al país, la funcionaria calificó como "grave" la cifra de analfabetismo entre los adultos colombianos e instó al Gobierno a cumplir con sus obligaciones en materia de educación. "Colombia es el único país de América Latina que no ofrece educación gratuita para la población infantil vulnerable ni cuenta con suficientes garantías para el acceso a la universidad", dijo Tomasevski al término de su visita. En octubre pasado, la relatora realizó una visita al país en la que calificó de "aterrador" el panorama para los educadores, víctimas de la violencia en el conflicto armado y acusó al Ejecutivo de darle prioridad al gasto militar y no a la educación.
La Fiscalía vinculó formalmente a Ricardo Juvenal Palmera, alias Simón Trinidad, en un nuevo proceso penal. En esta oportunidad lo sindica de ser el autor del secuestro y posterior asesinato de siete jóvenes excursionistas en Puracé, Cauca. La Fiscalía impuso medida de aseguramiento contra el guerrillero. Por el caso, el 29 de julio de 2002 el ente acusador profirió una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, contra la cúpula de las FARC. En la actualidad, "Simón Trinidad" está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, desde donde el pasado 7 de marzo se declaró inocente, en un juicio virtual, de los cargos de secuestro extorsivo, hurto calificado y rebelión.
El Ministerio de Defensa anunció una investigación sobre la muerte de siete policías integrantes de una patrulla contra el secuestro y de cuatro civiles, el pasado viernes, en lo que parece que fue un error del Ejército. El Ministerio de Defensa explicó en un comunicado que la Fiscalía General de la Nación también inició una investigación para aclarar esos hechos, sucedidos en el municipio de Guaitirilla, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, 700 kilómetros al suroeste de Bogotá. Precisó que en los "hechos por esclarecer, y cuya investigación ya ha abocado la Fiscalía General de la Nación, resultaron muertas once personas, de las cuales siete son integrantes" del grupo contra el secuestro de la Policía de Nariño, y cuatro son civiles. La misma cartera lamenta las muertes y expresa "sus condolencias a las respectivas familias". Según distintas fuentes de la región, los soldados abrieron fuego contra la patrulla policial contra el secuestro, pensando que eran paramilitares de derecha. Las mismas fuentes dijeron que aparentemente las víctimas acababan de liberar a un secuestrado y habían detenido a otras tres personas. El hecho fue el segundo con las mismas características que se registra en menos de dos días, luego de que el pasado jueves murieran tres militares que perseguían a guerrilleros en el departamento del Meta, por disparos efectuados por otra patrulla castrense.
2004/03/23
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidieron a la OEA que invite formalmente a Estados Unidos a sumarse a la mesa de negociación. Así lo manifestaron Salvatore Mancuso y Carlos Castaño al jefe de la misión en Colombia del organismo internacional, el argentino Sergio Caramagna. El hecho se produjo durante una reunión celebrada el miércoles pasado, en la que también estuvieron presentes el alto comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo; y representantes de la Iglesia católica. La información se conoció en un comunicado divulgado en internet. "Las AUC seguimos solicitándole al gobierno colombiano, y ahora también a la OEA, que se invite formalmente al departamento de Estado y al departamento de Justicia de los Estados Unidos a participar directamente de las negociaciones a que da lugar este proceso de paz", subrayó la nota, firmada por Salvatore Mancuso, jefe militar de esa agrupación ilegal.
Un informe de la Casa Blanca indica que de 144.450 hectáreas que había sembradas en el país en el 2002 se pasó a 113.185 en el 2003. Según imágenes satelitales y pruebas en el terreno realizadas por la CIA y otras dependencias, los cultivos pasaron de 144,450 que había en el 2.002, a 113.85 hectáreas. Las cifras se dieron a conocer pocas horas antes de que el Presidente Álvaro Uribe Vélez llegara a Washington para una visita de cuatro días. "Gracias al excelente liderazgo del presidente Uribe mucha menos coca se está sembrando en Colombia y se está generando un progreso real frente a la amenaza de la cocaína. Estos números muestran que la inversión de los impuestos de los estadounidenses está dando resultados", dijo el subsecretario en la Oficina para el Control Internacional de los Narcóticos, Robert Charles. El zar antidrogas John Walters destacó a su vez el papel de Uribe en está disminución y prometió que EE.UU. "seguirá cooperando con Colombia en la lucha contra las drogas y la amenaza de los narcoterroristas". Las cifras del 2003 representan el segundo año consecutivo en que los cultivos de droga en Colombia, antes que aumentar, han disminuido. En el 2002 esta reducción había sido del 15.1%.
Japón incluyó a tres grupos armados colombianos en su lista de organizaciones vinculadas al terrorismo que demandan vigilancia por posibles actividades de lavado de dinero, informaron este martes fuentes oficiales. La ampliación de la lista, aprobada en el Gabinete y que entrará en vigor desde mañana, incluye a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) del mismo país, además de 18 nuevos individuos o grupos relacionados con la guerrilla afgana talibán. Con esta medida el Gobierno nipón congelará los fondos que esos grupos o individuos puedan tener y vigilará los movimientos del dinero, y responde a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU tras los tentados del 11 de setiembre en Estados Unidos.
2004/03/24
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó su preocupación por las "graves violaciones" a los derechos básicos en el país, tanto por parte de las guerrillas como de los paramilitares. Así lo manifestó su portavoz, Fred Eckhard, quien precisó que el Secretario General ha ofrecido su apoyo total al trabajo realizado en Colombia por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Annan se entrevistó con el responsable de esa dependencia, el sueco Michael Frühling, quien le presentó las conclusiones de su último informe sobre la situación en el país. El documento fue entregado al Gobierno colombiano el pasado 10 de marzo, pero será considerado y debatido durante el 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El Secretario instó a los grupos irregulares a que "cesen estas violaciones del Derecho Internacional Humanitario". También se manifestó desalentado por los abusos que siguen perpetrando guerrillas y paramilitares, especialmente contra la población civil. De la misma manera, reconoció la cooperación que el Gobierno colombiano ha ofrecido en el tema y manifestó su deseo de que el Ejecutivo "tome las medidas necesarias urgentes para implementar las recomendaciones contenidas en el informe".
2004/03/25
Parques naturales donde se haya sembrado coca y amapola no serán fumigados. La ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez, dijo que primero se optará por la erradicación manual de los cultivos, con apoyo comunitario y sólo si ésta alternativa falla se evaluará el uso del herbicida glifosato, por petición expresa del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). La ministra recordó que por cada hectárea de coca que se siembra se destruyen tres hectáreas de bosque y por cada hectárea de amapola son arrasadas 2,5 hectáreas de flora nativa. "Los colombianos debemos estar alarmados. No podemos permitir que los parques naturales, la biodiversidad y los recursos que tiene este país sean afectados por este tipo de prácticas ilegales", dijo Suárez. La Ministra advirtió que el Gobierno actuará con decisión sobre el asunto, ya que no se puede permitir que los grupos armados ilegales se conviertan en los mayores depredadores del medio ambiente por los cultivos ilícitos.
Con un llamado del secretario general de la OEA, César Gaviria, a la comunidad internacional para que ayude a la paz de Colombia, terminó en Washington la tercera visita del presidente Álvaro Uribe a los Estados Unidos. En la sesión durante la cual el Uribe explicó ante el Consejo Permanente de la OEA los avances del proceso de paz con los paramilitares, Gaviria dijo que no es justo ni realista pretender apoyar a Colombia sólo si se logra la paz con todos los actores. "No hay negociaciones asépticas. Una paz que sea sostenible, cierta y duradera en el estado actual del conflicto colombiano, exige una presencia internacional que dé cuenta de tres principios básicos: transparencia, credibilidad y derecho por los respetos de los ciudadanos. Ese es el compromiso de nuestra organización", indicó. Si los países amigos de Colombia dan ese paso, dijo el Secretario de la OEA, "será mucha la sangre que podrá evitarse en Colombia". El secretario de la OEA indicó que en la Organización se entiende que la paz en Colombia se va a lograr por partes: "Como un rompecabezas, a pedazos". Por ello defendió la ley de Alternatividad Penal, con la que el Gobierno colombiano pretende atraer a una negociación a los actores armados ilegales.
2004/03/26
Un total de 43 senadores y 61 representantes a la Cámara, de los 268 integrantes del Congreso colombiano, suscribieron el respaldo a la iniciativa de reelección presidencial. La iniciativa propone una enmienda constitucional para eliminar un artículo de la Constitución que precisamente prohíbe reelegir a los mandatarios. Los congresistas que presentaron el proyecto son considerados "uribistas" y buscan un nuevo período para el actual gobernante, Alvaro Uribe, quien goza de una enorme popularidad. Los firmantes aguardan ahora que la semana próxima sean designados los ponentes del proyecto, que deberá ser debatido en ocho sesiones en cada una de las dos cámaras del Congreso colombiano, como lo establece la Constitución. La presentación del proyecto, que es criticado por directivos del Partido Liberal (PL) y algunos parlamentarios, coincide con declaraciones sobre ese asunto hechas por Uribe en Washington, donde concluyó hoy una visita de cuatro días. El Presidente dijo que "la seguridad de los colombianos va en aumento", y que cuatro años no bastan para restablecer el orden y la confianza nacional e internacional en Colombia y derrotar a los grupos armados ilegales.
El director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Michael Frühling, afirmó que el Estado no puede perdonar sin condiciones los crímenes de lesa humanidad de los paramilitares de ultraderecha. El diplomático sueco, que participó en un foro universitario sobre "Alternatividad Penal", declaró a los periodistas que "es importante tomar en cuenta, en cuanto a los crímenes atroces, que uno no puede hacer la vista gorda". "Una ley de perdón y olvido no es aconsejable para este tipo de procesos", manifestó el funcionario en alusión a las negociaciones que el Gobierno colombiano y las Autodefensas celebran desde finales del 2002. Frühling subrayó que garantizar la reparación de los crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario "es muy importante para un estado de derecho que necesita seguir fortaleciéndose. También hay reglas internacionales que han entrado en juego", dijo.
El Ejército reportó un incremento del 137% en las acciones ofensivas contra los paramilitares. Así lo anunció el general Martín Orlando Carreño, comandante del Ejército, en relación con las operaciones en el sur de Bolívar. Según el informe, que comparó resultados de los primeros trimestres del 2003 y el 2004, las bajas de 'paras' pasaron de 34 a 164 y los capturados de 282 a 580, mientras las entregas voluntarias subieron de 21 a 58. En total, 802 autodefensas quedaron fuera de combate con relación a los 337 del 2003. En el año han muerto 20 soldados y 16 fueron heridos en combates contra autodefensas. Para el Ejército, los golpes más contundentes a los 'paras' los dieron el 27 de enero en San Rafael (Antioquia), el 4 y 6 de febrero en Puerto Berrío (Antioquia), el 7 de febrero en Landázuri (Santander), el 21 de febrero en Villanueva (Casanare), el 6 de marzo en Cáchira (Norte de Santander), el 10 de marzo en San Vicente (Santander) y ahora en el sur de Bolívar.
El Gobierno Nacional le salió adelante a la polémica que generó la modificación de un artículo sobre la extradición en la reforma al Código de Procedimiento Penal y que podría entorpecer la figura de extradición, reincorporada a la Constitución en 1997. A través de un comunicado, el Ejecutivo explicó que se acordó con la comisión del Congreso retirar del proyecto en trámite el artículo que obligaría a la Corte Suprema de Justicia a citar a audiencias para escuchar y practicar las pruebas en las solicitudes de extradición, antes de decidir sobre dichos requerimientos. Esta modificación, a juicio de los juristas, dilataría los procesos judiciales y abriría el camino a interpretaciones y presiones. "En el primer debate de la Cámara de Representantes se había aprobado un texto con fundamento en la propuesta de la comisión redactora del Código contenida en el acta No.31, de julio 16 de 2003, cuyo objeto era ajustar al sistema acusatorio el texto vigente. Sin embargo, teniendo en cuenta que la extradición no es un proceso judicial, sino un trámite administrativo, se consideró innecesaria la modificación", precisó el comunicado. Al respecto, el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, aseguró que el jueves en la noche se llegó a un acuerdo con los congresistas ponentes de la reforma al código penal para que se retirara dicho inciso y no se modifique el artículo. El titular de la cartera de Justicia reconoció que "es obvio que tiene que haber muchos intereses tratando de frenar" la extradición, por lo que hay que estar muy alerta". El Ministro reiteró que la extradición es "inamovible" y aclaró que esta herramienta se trata de un sistema de cooperación internacional.
2004/03/27
La reducción de cultivos de coca en Colombia, que con tanto entusiasmo anunció esta semana la Casa Blanca, es, en la práctica, una falacia. A esa conclusión llegó el Centro para la Política Internacional (CIP), que analizó las cifras de la administración Bush y que le sirvieron al presidente Álvaro Uribe en su visita a Washington para mostrar que el Plan Colombia sí está dando resultados. Según el satélite de la CIA, los cultivos pasaron de 144.450 hectáreas en el 2002 a 113.850 en el 2003, una reducción de 21 %, segundo año consecutivo en que los cultivos disminuyen. El CIP, sin embargo, ve las cosas desde otra perspectiva y basa su conclusión en dos argumentos: uno, el precio de la cocaína no está subiendo en EE.UU. ni tampoco en el mercado colombiano, y dos, los cultivos están creciendo en otros países y en zonas de Colombia donde no se está fumigando constantemente. El Centro cita dos informes: uno, de la Oficina Contra las Drogas de la Casa Blanca, que constata el precio del gramo de coca en E.U. entre 25 y 150 dólares; y otro, de la ONU que concluye que el precio de la base en Colombia entre el 2001 y el 2002 fue de 2 millones y 2 millones 300 mil pesos por kilo. Sin embargo, para el gobierno estadounidense la interpretación del CIP es, a su vez, otra falacia. Alegan que el precio de la coca no ha aumentado porque este tipo de fenómenos toman tiempo.
El Presidente Álvaro Uribe le exigió al Ministerio de Defensa que entregue a la opinión pública los resultados de la investigación que se adelanta por los confusos hechos en los que resultaron muertos siete policías y cuatro civiles en Guaitarilla, Nariño, el sábado 20 de marzo. Durante el Consejo Comunitario adelantado en Popayán, el Primer Mandatario fijó el próximo viernes 2 de abril como fecha límite para que los colombianos conozcan la verdad sobre el hecho, que ni el Ejército ni la Policía han logrado esclarecer hasta ahora. Esas dos fuerzas, dijo, "tienen que contar cuáles fueron sus errores"."La credibilidad de las instituciones está en juego. No podemos esperar a que se acomoden las hipótesis", anotó.
2004/03/29
80 presuntos auxiliadores de las FARC fueron capturados por la Policía en operativos adelantados en Huila, Cundinamarca y Bogotá. Según el director operativo de la institución, general Alberto Ruiz, se realizaron 100 allanamientos, la mayoría de ellos en Neiva. El oficial explicó que las personas capturadas, hacen parte de la red de apoyo del frente Teófilo Forero de las FARC y tienen pendientes procesos por rebelión, concierto para delinquir y terrorismo.
2004/03/30
El ELN pidió al nuevo presidente del gobierno español apoyar una solución pacífica al conflicto colombiano. El ELN planteó su pedido tras señalar que durante el gobierno del presidente saliente, José María Aznar, España "pasó de ser amiga del proceso de paz en Colombia a alinearse con el bando de la guerra que lidera Alvaro Uribe, apoyando con armas y pertrechos". La organización insurgente añadió que se "congratula" con la victoria de Rodríguez Zapatero en las elecciones del 14 de marzo. "También sería de mucha satisfacción contar con su valiosa participación en la búsqueda de una salida política al conflicto de Colombia", subrayó la nota, titulada "Buscando el camino de la paz".
El comandante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Cauca, José Ramón Ortiz Gualdrón, alias 'Pija', y once de sus lugartenientes fueron capturados en el marco de la 'operación Vulcano', adelantada en el sur del departamento por unidades del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. El operativo fue realizado en la región del Patía y el municipio de Balboa. Los paramilitares están sindicados de asesinato, secuestro y concierto para delinquir. En su poder se encontró abundante material de guerra y siete vehículos que habían sido robados a ganaderos, industriales y comerciantes del Cauca. El coronel Mario Nel Flórez, comandante de la Policía del Cauca, dijo que de esta manera ha sido golpeado el accionar de los paramilitares, porque aparte de tener el control del Cauca, al parecer estaban traspasando las fronteras regionales y en su contra existen numerosas denuncias.
2004/03/31
El proyecto del Ley de Alternatividad Penal salió de la agonía que lo tenía al borde de la muerte, con la exclusión del tema de la extradición del texto de la ponencia, a solicitud expresa del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien sostuvo una reunión con los seis ponentes de la iniciativa. La creación de un Tribunal de Verdad, Justicia y Reparación; la eliminación del artículo sobre extradición, y la propuesta de penas privativas de la libertad de entre cinco y diez años, son algunos de los cambios que sufrirá el proyecto de Alternatividad Penal, luego que el Ejecutivo y los ponentes de la iniciativa acordaron continuar su trámite en el Congreso. El Gobierno Nacional y los ponentes del proyecto prefirieron no retirar la iniciativa tal como lo habían sugerido varios miembros de la Comisión Primera del Senado. Con el acuerdo, el proyecto toma un nuevo aire. Es un hecho que la ponencia será radicada después de Semana Santa. Sin embargo, el cúmulo de trabajo de la Comisión Primera del Senado y el poco tiempo de que dispone el Legislativo no permiten pensar en su aprobación en la presente legislatura.
Estados Unidos formaliza solicitud de extradición de guerrillera acusada de narcotráfico. Se trata de 'Sonia', acusada de manejar las operaciones de cultivos y tráfico de las FARC. Sonia fue capturada el 26 de febrero en Caquetá. Según el canal RCN, la capturada será notificada por la Fiscalía de los cargos por los cuales es solicitada en extradición para ser juzgada en Estados Unidos. Según el Ejército, ella es la jefe de finanzas del Bloque Sur de las Farc, bajo el mando de Fabián Ramírez. Desde hace un año, la Brigada contra el Narcotráfico y el CTI de la Fiscalía le venían haciendo un minucioso seguimiento en el área del Medio Caguán, donde la guerrillera ejercía su dominio. Según el general Martín Orlando Carreño, comandante del Ejército, 'Sonia', en su calidad de jefe de finanzas y de logística del Bloque sur, fue comisionada por el secretariado de las FARC para efectuar transacciones de cocaína e intercambiarla por armas, explosivos y material de intendencia.